Las aseguradoras pagarán a Sanidad los tratamientos de por vida de los lesionados en accidentes de tráfico

Las aseguradoras tendrán que pagar a la sanidad pública los gastos médicos de por vida que necesite un lesionado por accidente de tráfico. Así será a partir del 1 de enero de 2016, cuando la nueva valoración de indemnizaciones de víctimas de accidentes entre en vigor, por lo que sólo servirá para aquellos accidentes ocurridos a partir de esa fecha.

Actualmente, las aseguradoras se ocupan de los tratamientos de la víctima de un accidente hasta el día de su curación o en el que finalizan las secuelas. Sin embargo, los gastos de las dolencias o tratamientos derivados del accidente ‘a posteriori’, tales como infecciones o intervenciones quirúrgicas, lo soportaba el Estado. Algo que cambiará el próximo año.

Esta es una de las principales novedades del nuevo baremo de indemnizaciones en el que el Gobierno ha trabajado cuatro años junto a un comité de expertos, entre los que se encontraban las propias aseguradoras, las asociaciones de víctimas, así como expertos jurídicos.

El representante de las asociaciones de víctimas en estos encuentros, el abogado José María Pérez Tirado, ha señalado que la intención de esta reforma era “mejorar los derechos” de los españoles, acercándolos a lo que existe actualmente en otros países de Europa.
Así, ha destacado que “se ha tratado de mejorar la calidad de vida de los grandes lesionados”, de manera que el nuevo texto obliga a las aseguradoras a sufragar las prótesis, la rehabilitación o las ayudas técnicas de estas víctimas durante el resto de su vida.

“Ahora si a una niña de 14 años le tienen que amputar una pierna sólo se le paga la primera prótesis, cuando éstas sólo duran 5 o 6 años, o menos en el caso de un menor en crecimiento”, ha explicado Pérez Tirado, quien destaca que las ayudas técnicas incluyen sillas de ruedas, grúas, o domótica, según la gravedad de los casos y sus necesidades.

Del mismo modo, las indemnizaciones incluyen adecuar la vivienda al lesionado por un valor máximo de 150.000 euros, además de sufragar el “incremento de costes de movilidad”, que van desde pagar los cambios necesarios en el coche, o aquella persona que no puede volver a conducir y sólo puede desplazarse en taxi.

AYUDAS DE HASTA UN MILLÓN DE EUROS

Otra de las novedades es la indemnización por intervenciones además de por días ingresado, como hasta ahora. Los cambios se producen distinguir entre dos pacientes que están en el hospital el mismo tiempo, pero uno debe pasar por quirófano en continuas ocasiones. En este caso se establece un plus de entre 400 y 1.600 euros, ya que cada operación supone peligrosidad y dolor.
Del mismo modo, se aumenta la indemnización de por vida que ahora tiene su tope en 838.000 euros para un lesionado y que a partir de 2016 tendrán un máximo de 1.472.000 euros, que sería “en un caso muy extremo”, explica a Europa Press el abogado. Además, también por primera vez, el lesionado puede solicitar su ingreso como capital o en renta vitalicia (como un sueldo mensual), o mixto (se ingresa una parte como capital y el resto como sueldo).

Los críticos de este nuevo texto basan su descontento en que salen perdiendo aquellos lesionados leves, como por ejemplo, los que sufren latigazo cervical, la lesión más habitual tras un accidente de tráfico. En este sentido, Pérez Tirado reconoce que esta lesión “ha aumentado mucho, porque hay cada vez más coches y en porcentaje hay más accidentes leves que graves”. Sin embargo, el consejo de expertos ha decidido que “hay que dar prioridad a los lesionados graves” ya que esta dolencia puede tener como mucho a una persona “uno o dos meses de baja”.

“Eso no significa que no deban cobrar”, ha apuntado el abogado. Así, el texto recoge que se piden dos condiciones para reconocer esta lesión: que la víctima acuda a un centro medico con dolores en 72 horas y que haya una lógica entre la intensidad y la lesión. “Hay quien se queja de latigazo cervical y los daños son un rayón en el lateral del coche. Hay que ser coherente”, apunta.
MEDIDA PARA ACOPLARSE A LOS CAMBIOS SOCIALES

El abogado también ha señalado que esta nueva norma se modifica buscando acoplarse a los nuevos cambios sociales. “Hay diferencias muy importantes, como, por ejemplo, la visión de la unidad familiar. Antes se pensaba que un hombre o una mujer sólo se casaba una vez y que los hijos son todos de un sólo matrimonio”, ha explicado el letrado. De esta manera, la nueva disposición se distribuye en grupos familiares.

El primer grupo lo constituye el cónyuge actual que, además, no tiene por qué estar casado con la víctima. Se reconoce así por primera vez la pareja de hecho, del mismo o de distinto sexo. “Se considera como tal a partir del año de convivencia o menos tiempo si la pareja está registrada como tal”, ha indicado Pérez Tirado.

El segundo grupo son los hijos, poniendo a todos al mismo nivel, sean de la unión actual o de anteriores del fallecido y, por primera vez se incluye también a los ascendientes (tercer grupo), así como a los hermanos de la víctima (cuarto grupo). En este último caso, ahora sólo se indemniza a los menores de edad. Además, existe un nuevo grupo de allegados, en el que se incluyen a otros familiares que estén compartiendo vivienda con el siniestrado desde, al menos, 5 años.

Como cambio social, también se reconoce el valor económico del trabajador doméstico con un salario mínimo interprofesional. “Se consideraba que un ama o amo de casa que era víctima no suponía ninguna pérdida económica a la familia, y eso cambia”, apunta Pérez Tirado. Se valoraría con un salario mínimo y medio si hay menores a cargo del siniestrado.
UN BAREMO “ASUMIBLE” TRAS LA BAJADA DE VÍCTIMAS

El abogado ha explicado que todos estos cambios se han consensuado con la intención “de no hacer una locura” y que “no suponga una subida de los seguros”. “Según lo que nos aseguraron, esto es asumible por el sector”, apunta Pérez Tirado, quien no descarta que “con la guerra de mercado algunos acaben subiendo” sus tarifas.

En este sentido, ha señalado que el nuevo baremo es posible “tras la extraordinaria bajada de siniestralidad en los últimos años”, ya que cuando se aprobó la anterior, en 1995, se contabilizaban unos 5.000 muertos al años y miles de lesionados, frente a los 1.000 actuales, y una cifra similar de heridos.

Por otra parte, la propia ley marca que se cree cada tres años una comisión de seguimiento, con los mismos actores que han creado el texto nuevo, con el fin de ir recibiendo sugerencias y posibles mejoras.

El Consorcio de Compensación de Seguros protegerá a todos los vehículos asegurados en caso de catástrofe

El Ministerio de Economía extenderá a partir del próximo mes de julio las indemnizaciones que paga el CCS en caso de daños por inundaciones o terremotos a todos los vehículos con seguro y no sólo a los que lo tengan contratado a todo riesgo, como hasta ahora.

Fuentes de Economía y del propio CCS han confirmado a EFE esta iniciativa, que se recoge en un proyecto de Orden Ministerial aprobado el pasado 4 de noviembre, pero que no entra en vigor hasta el 1 de julio de 2016.

Los daños a vehículos son muy comunes cuando se produce alguno de los supuestos extraordinarios que cubre el Consorcio, como los efectos de las lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos, granizo y grandes temporales en general, y hasta ahora, los conductores con seguros más básicos estaban desprotegidos pues el CCS no se hacía cargo de esos daños.

El Consorcio es una entidad empresarial pública, que depende del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y funciona como una especie de fondo de garantía asegurador para determinados siniestros, alimentado por las propias aseguradoras.

Las compañías cobran al asegurado una pequeña cantidad o recargo para el Consorcio en cada póliza, que sirve para que éste pueda hacerse cargo de los daños en caso de siniestro catastrófico.

Según los datos que figuran en la web del CCS, la tarifa para riesgos extraordinarios es una cantidad anual que se aplica sobre los capitales asegurados y que depende del siniestro.

Por ejemplo, para daños en viviendas y comunidades de Propietarios, ascendería el 0,08 por mil del capital asegurado; mientras que para daños en oficinas sería de un 0,12 por mil; para comercios, centros comerciales o almacenes, del 0,18 por mil y para automóviles sería una cantidad fija según el tipo de vehículo (para turismos, 3,50 euros por vehículo).

El organismo nació con carácter provisional en 1941, para dar respuesta a las necesidades indemnizatorias originadas por la Guerra Civil (1936-1939) y se llamó Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín, y no fue hasta 1954 cuando adquirió un carácter permanente, según los datos que figuran en la web del CCS.

A lo largo de su historia, la entidad asumió otros cometidos como los relacionados con el seguro de crédito a la exportación, el seguro agrario combinado, el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, el seguro obligatorio de viajeros, el de los cazadores y el de responsabilidad civil de riesgos nucleares.

Entre las principales funciones de este organismo destacan el aseguramiento directo de una serie de riesgos que el mercado no cubre, como sucede en los ya mencionados que afectan a los vehículos a motor, o los daños causados por vehículos sin asegurar, o por un vehículo robado.

Según explica el Consorcio, el legislador entiende que no se pude circular sin seguro, pero también asume que no se puede obligar que las aseguradoras a asumir riesgos “determinados”, algo que también sucede en el seguro de caza o en el seguro obligatorio de viajeros.

También se puede incluir dentro del aseguramiento directo, aunque se haya contratado con una compañía privada, la cobertura que da el CCS en determinados ramos a los daños causados por determinados supuestos de la naturaleza como ciclones, terremotos o inundaciones.

Asimismo, los derivados de acontecimientos político-sociales, como el terrorismo, responsabilidad civil de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado y que no son asumidos por las aseguradoras privadas.

Un ejemplo: según los datos más recientes, correspondientes al tercer trimestre de 2015, el organismo destinó entre 11 y 13 millones de euros a indemnizar a los afectados por los 3.135 siniestros causados por las inundaciones que se produjeron tras las lluvias torrenciales caídas el 3 y 9 de septiembre en el sureste peninsular y Baleares.

Nueva ley para el fomento del trabajo autónomo

El pasado 25 de agosto la Comisión de Empleo del Senado aprobó la Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social (Ley 31/2015, de 9 de septiembre), publicada en el BOE con fecha 10 de septiembre.

La Ley se ha publicado en el BOE el 10 de septiembre de 2015. En su disposición adicional menciona que la entrada en vigor se producirá a los 30 días de su publicación, con lo que se confirma que ésta tendrá lugar finalmente el 10 de octubre de 2015. Todos los incentivos se recogerán en un único texto que se incluirá en el título V del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Resumimos brevemente las novedades:

1. Revisión de la Tarifa Plana

Para los 6 primeros meses en el Régimen Especial de Autónomos la cuantía de la cuota por contingencias comunes se queda fijada en 50 euros, que podrá verse ampliada hasta 12 meses para personas que presenten discapacidad, que sean víctimas de violencia de género, o víctimas del terrorismo.

Estas bonificaciones y reducciones pueden alcanzar una duración máxima de 18 meses.

2. Tarifa plana para autónomos que contraten personal

Los autónomos que contraten trabajadores podrán seguir beneficiándose de la Tarifa Plana para autónomos en su cuota de la Seguridad Social.

3. Compatibilidad autónomo y prestación por desempleo

Se amplía la posibilidad de cobrar el paro durante 270 días (9 meses) a todos los autónomos y no solo a los menores de 30 como se permitía hasta ahora.

4. Nuevas condiciones para el cobro del paro para desempleados que emprendan.

Los desempleados que estén beneficiándose de la prestación por desempleo y decidan comenzar una actividad por cuenta propia podrán solicitar la reanudación de la misma hasta 5 años después de haber iniciado su actividad (antes eran solo 2 años).

5. Posibilidad de capitalizar el 100 por 100 de la prestación por desempleo.

Se eliminan las limitaciones a la capitalización total del paro destinada a la inversión y los gastos iniciales para emprender una actividad por cuenta propia.

6. Ampliación de las bonificaciones a autónomos familiares

Se prevé ampliar a 24 meses (antes 18) la bonificación por afiliación a la Seguridad Social de familiares colaboradores. Será del 50 por ciento los primeros 18 primeros meses y del 25 por ciento durante los seis meses adicionales.

7. Ayuda a la conciliación de la vida personal y laboral de los autónomos

La nueva Ley introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, aquellos que perciben al menos el 75 por ciento de sus ingresos de un único cliente o empresa, puedan contratar un trabajador en determinadas circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral.

Concretamente, esas circunstancias son:

  • Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de un menor de 9 meses.
  • Períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente.
  • Cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.
  • Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia.
  • Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

8. Ampliación de las bonificaciones para la incorporación de socios en entidades de economía social

Bonificación de 800 euros/año a lo largo de tres años para facilitar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a las cooperativas y sociedades laborales. Para menores de 30 años se aumenta la cuantía a 1.650 euros el primer año.

9. Ayuda a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

La nueva Ley considera como entidades prestadoras de servicios de interés económico general a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción lo que les dará la posibilidad de ampliar hasta 500.000 euros la cuantía de ayudas/ subvenciones que puedan recibir (en 3 años).

También introducirá como novedad este texto la opción de participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta ahora se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.

Los niños, en los asientos traseros

 

Sillitas en los aisentos traseros

A partir del 1 de octubre

Los niños, en los asientos traseros

  • Solo podrán viajar en el asiento del copiloto si el coche es biplaza o si los asientos traseros ya estan ocupados por otros menores en sillitas

El Baremo de Autos ha quedado aprobado definitivamente el pasado 7 de septiembre de 2015.

La Comisión de Economía y Competitividad ha aprobado con competencia legislativa delegada el

Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las

personas en accidentes de circulación (Baremo de Autos). Supone la aprobación definitiva del proyecto

por las Cortes Generales, al no introducir enmiendas el Senado. Estamos pendiente de su publicación en

el BOE.

Principales aspectos del nuevo Baremo de Autos son:

 Incremento de las indemnizaciones por fallecimiento por accidente de tráfico del 114% en el caso

de los descendientes de la víctimas, del 66% en el de los hermanos, del 40% en el de los

ascendientes y 9% en el de los cónyuges.

 Cerca de 3.700 personas al año se incorporarán a la percepción de indemnizaciones graves y

grandes lesionados.

 La mejora indemnizatoria será de 200 millones de euros al año mediante transferencias

derivadas del gasto médico futuro, prótesis, o diferentes adaptaciones o ayudas que necesiten

por razón de la situación en la que quedan tras la consolidación de la secuela.

 El incremento de las indemnizaciones del seguro a víctimas de secuelas, según su gravedad,

rondará el 37% en el caso de que las secuelas tengan una valoración de 4 a 49 puntos; 44% de

50 a 74 puntos; y 72% de 75 puntos o más.

 

Más vale prevenir que lamentar

Los seguros y el derrumbe de Carabanchel.

Hacer siempre lo correcto.

Sin título

El pasado lunes 3 de agosto los vecinos de la calle Duquesa de Tamames número 5 (en el barrio madrileño de Carabanchel) fueron desalojados de sus hogares antes de que el edificio se derrumbase a las 9 de la mañana. Había sido construido en 1964 y había pasado la ITE (Inspección Técnica de Edificios) en 2012. Detectaron defectos en la fachada, que debían subsanarse, pero ningún daño estructural.

Más tarde, durante …leer mas

 

Las pólizas deberán “destacar tipográficamente” las exclusiones y limitaciones en los contratos

El sector financiero y asegurador vive un tsunami de medidas que buscan una mayor transparencia ante el cliente, como consecuencia principalmente de las malas prácticas detectadas durante la crisis en la comercialización de productos financieros.
Closeup contract

La recién aprobada LOSSEAR modifica varios aspectos de la Ley de Contrato de Seguro para facilitar más transparencia en la comercialización de productos aseguradores, medidas que entrarán en vigor al inicio de 2016.

Una de ellas es la mejora en la transparencia de la redacción de las pólizas, que hasta ahora debían recoger normativamente la “naturaleza del riesgo cubierto”, pero que ahora deberán contar con un redactado más completo y accesible para el cliente, pues tienen que describir “de forma clara y comprensible, las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas, las exclusiones y limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente”.

Clara referencia esta última a la famosa “letra pequeña” denunciada tradicionalmente por las organizaciones de consumidores.

En esta línea, la nueva norma también regula que “en seguros de personas el tomador o asegurado no tienen obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado, que en ningún caso se considerarán agravación del riesgo”.

Un mes de preaviso

Y una tercera norma de defensa del consumidor, reclamada por los mediadores, es la reducción a un mes del preaviso del tomado para oponerse a la renovación de una póliza; mientras se mantiene en dos meses el preaviso que debe realizar una aseguradora al tomador si no le va a renovar la póliza o si va a hacer cambios en ella.

En los casos de los seguros de Decesos y de Dependencia, la nueva Ley indica que “la oposición a la prórroga del contrato sólo podrá ser ejercida por el tomador y no por la aseguradora”.

Página 1 de 41234